La norma
elimina el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre,
que regía hasta su sanción. En cambio, estipula penas que incluyen multas,
arresto, retención de la licencia e inhabilitación para conducir a quienes
hayan bebido alcohol.
Sobre quienes infrinjan la prohibición, además, pesará la obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para aprender a usar correctamente la vía pública.
"Esto
es para todas las personas que circulen por el espacio público en la provincia
de Buenos Aires", indicó el ministro, quien además recordó que la norma
ayudará "a bajar los índices siniestrales, teniendo en cuenta que es del
44% la vinculación del alcohol con la siniestralidad".
El ministro de Transporte local, Jorge D'Onofrio, consideró que se trata de incorporar "un nuevo paradigma". "Hasta ahora había multas que no generaban un cambio en la conducta del infractor. Además de la multa, ahora hay una obligatoriedad de hacer cursos o tratamientos, e inhabilitaciones que van de 6 meses a definitivas", repasó.