El arranque de la campaña electoral parece haber empujado al Gobierno a dar de baja una de las leyes más criticadas de los últimos tiempos: según confirmaron fuentes oficiales, "se está estudiando" la suspensión de la Ley de Alquileres, tras el impacto negativo que generó en los inquilinos y el mercado inmobiliario en general.
La normativa, aprobada en 2019 con impulso de Juntos por el
Cambio, pero sancionada en 2020, extendió la duración de los contratos de 2 a 3
años y fijó una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, de
acuerdo con un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Sin embargo, en vez de facilitar el acceso a la vivienda, lo complicó.
Ante la incertidumbre, uno de los primeros efectos no
deseados fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. A
los pocos meses de la sanción de la ley, el mercado inmobiliario ofrecía menos
propiedades en alquiler y a precios más elevados.
Muchos propietarios retiraron sus propiedades de la oferta
de alquileres y las pusieron en venta o en alquiler temporario, un mercado que
promete rentas dolarizadas.
Si bien a lo largo de los últimos años se plantearon
diversas modificaciones al proyecto original (en total se presentaron unos 30
proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla), ninguna
logró avanzar.
Según trascendió, durante un encuentro esta semana, el
presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron
encontrarle una solución al tema, por lo que se analizaban alternativas
posibles para reemplazar la normativa.
Las dos críticas más fuertes a la ley se centran en la
ampliación del plazo de los contratos, que se extendieron de dos a tres años, y
en la actualización anual sobre la base de un índice que elabora el Banco
Central (BCRA) -que cruza salarios e inflación-. Antes lo acordaban el
inquilino y el propietario y solía actualizarse una o dos veces al año.
El costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la
sanción de la nueva ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia el 1 de
julio de 2020.